Por Ramón Bierd (Chayanne) En los últimos años, el ejercicio de la comunicación en la República Dominicana ha experimentado una preocupante transformación. La irrupción de las plataformas digitales, los canales de YouTube, las redes sociales, los programas de opinión en los llamados Podcast en internet, han democratizado la información, permitiendo que cualquier ciudadano pueda convertirse en emisor de contenidos. Sin embargo, esta apertura también ha traído consigo una peligrosa distorsión del oficio periodístico y comunicacional. Cada vez es más frecuente observar cómo algunos comunicadores, en su afán de generar titulares, conseguir visualizaciones, aumentar seguidores o producir el llamado «Sonido Mediático«, o como expresan otros, «Meterle al Bloque» recurren a acusaciones sin pruebas, rumores sin confirmar y señalamientos carentes de sustentación documental. Lo que debería ser una investigación periodística seria, termina convirtiéndose en un ejercicio irresponsable de especulación que afecta honras, reputaciones y vidas. La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Sin embargo, éste derecho no es absoluto. Su ejercicio implica deberes y responsabilidades. Ningún comunicador puede ampararse en la libertad de expresión para difamar, injuriar o calumniar a una persona sin contar con evidencias verificables que respalden sus afirmaciones. La crítica es legítima; la difamación, no. La justicia dominicana ha comenzado a enviar señales claras en ese sentido. Casos recientes han colocado en el centro del debate nacional la responsabilidad de quienes ejercen la comunicación. La comunicadora Claudia Pérez, conocida como «La Tora», fue condenada por difamación e injuria contra el diputado Sergio Moya, recibiendo una sentencia de un año de prisión y una indemnización económica, decisión que aún puede ser recurrida. Asimismo, el detective Ángel Martínez, fue condenado por hechos similares relacionados con acusaciones que no pudieron ser demostradas ante los tribunales, así como también el comunicador Rafael Guerrero, por difamar al presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, también fue condenada, la comunicadora, Tamara Martínez, por un caso semejante contra la también comunicadora Gabi Desangles. Estos procesos judiciales, independientemente de las simpatías o antipatías que puedan generar los involucrados, plantean una reflexión obligatoria sobre el ejercicio responsable de la palabra pública. El comunicador moderno dispone de un poder inmenso: puede construir reputaciones o destruirlas en cuestión de minutos. Precisamente por ello, su compromiso con la verdad debe ser mayor que el de cualquier ciudadano común. La velocidad con que circula la información en las redes sociales ha creado una cultura donde muchas veces se publica primero y se verifica después. El problema es que cuando una acusación resulta falsa, el daño ya está hecho. La rectificación rara vez alcanza la misma difusión que la denuncia original, dejando cicatrices difíciles de borrar. El periodismo serio se fundamenta en pruebas, documentos, testimonios contrastados y fuentes verificadas. Cuando estos elementos son sustituidos por rumores, especulaciones o intereses particulares, la comunicación pierde credibilidad y la sociedad termina siendo la principal perjudicada. Hoy más que nunca, los comunicadores deben recordar que un micrófono, una cámara o una plataforma digital no constituyen licencia para acusar sin fundamentos. La verdadera fortaleza del comunicador no radica en quién grita más fuerte ni en quién lanza la denuncia más escandalosa, sino en quién puede demostrar con pruebas irrefutables cada palabra que pronuncia. Como expresó el filósofo francés Voltaire: «La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro». Y como advirtió el periodista y escritor Joseph Pulitzer: «La exactitud es la primera obligación del periodismo». La comunicación dominicana necesita menos escándalos y más responsabilidad; menos rumores y más investigación; menos acusaciones temerarias y más compromiso con la verdad. Porque cuando la palabra se utiliza sin responsabilidad, deja de ser un instrumento de información para convertirse en un arma capaz de destruir honras y reputaciones. Y cuando eso ocurre, la justicia termina ocupando el espacio que la ética dejó vacío. «Haga de la verdad su templo y de la responsabilidad su religión». Navegación de entradas La transformación acelerada de la sociedad dominicana y sus efectos en la familia y la educación
