El desafío jurídico de las bancas de lotería: entre la legalidad, el empleo y la responsabilidad del Estado

Por Lic. Víctor Céspedes
Abogado constitucionalista y experto en juegos de azar

En el complejo tablero de los juegos de azar en la República Dominicana, las piezas parecen moverse sin una brújula jurídica capaz de orientar con precisión el destino del sector. Entre decretos, resoluciones, permisos, reclamos y fiscalizaciones, se ha levantado una tormenta legal que amenaza con arrastrar consigo miles de empleos, inversiones y derechos adquiridos.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el Estado dominicano tiene la ineludible responsabilidad de encontrar una salida equilibrada y constitucional a esta problemática, tomando en consideración múltiples factores que han sido ignorados o minimizados durante años.

El primero de ellos es la realidad laboral. Detrás de cada banca de lotería existe una historia humana. Se estima que cada punto de venta emplea al menos dos trabajadoras de manera directa. Esto significa que más de cien mil mujeres encuentran en esta actividad el sustento diario de sus hogares. Son madres, esposas, hijas y jefas de familia que cada mañana levantan las cortinas de esos establecimientos con la esperanza de llevar el pan a sus mesas. No se trata únicamente de números; se trata de vidas.

En segundo lugar, resulta imposible ignorar la facultad contractual que en su momento otorgó el propio Estado para la instalación y funcionamiento de estos negocios. No puede el mismo Estado sembrar autorizaciones y luego cosechar incertidumbres sin ofrecer garantías jurídicas claras. La seguridad jurídica constituye uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho.

Un tercer aspecto es el impacto económico que generan estas empresas. De manera directa o indirecta, formal o informal, las bancas de lotería dinamizan sectores comerciales, generan circulación monetaria y contribuyen al sostenimiento de miles de familias. Su existencia forma parte de una realidad económica que no puede ser desconocida mediante decisiones improvisadas.

Sin embargo, sobre este escenario se cierne una sombra preocupante: las evidentes lagunas existentes en leyes, decretos y resoluciones que regulan el sector. Muchas de las normas actuales parecen navegar en aguas grises donde la interpretación sustituye a la certeza jurídica. Cuando la ley deja espacios vacíos, el conflicto encuentra terreno fértil para crecer.

A esto se suma la insuficiente capacitación de algunas autoridades responsables de regular y fiscalizar la actividad. La falta de conocimiento técnico especializado puede conducir a decisiones desacertadas que, lejos de solucionar problemas, terminan profundizando las controversias existentes.

Tampoco puede pasarse por alto la situación de determinadas federaciones y asociaciones vinculadas al sector. La legitimidad de cualquier reclamo jurídico depende, en gran medida, de la legitimidad de quien lo formula. Resulta contradictorio exigir el respeto irrestricto de derechos cuando la propia estructura organizativa presenta cuestionamientos relacionados con su legalidad o representación.

El derecho moderno, particularmente el derecho dominicano, ha fortalecido un elemento fundamental para la administración de justicia: la legitimidad de la prueba y la legitimidad del reclamante. No basta con alegar un derecho; es necesario demostrarlo y hacerlo desde una posición jurídicamente válida.

Por ello, cuando se pretende reclamar derechos adquiridos, quienes encabezan tales reclamaciones deben exhibir una conducta legal intachable. La justicia no puede construirse sobre cimientos frágiles. La transparencia, la legalidad y el cumplimiento normativo deben convertirse en requisitos indispensables para quienes aspiran a representar los intereses colectivos del sector.

Asimismo, el Estado tiene la obligación de emitir leyes, decretos y resoluciones inspirados en los principios de equidad constitucional, igualdad jurídica y seguridad normativa. Solo así podrán ofrecerse garantías reales tanto para los empresarios como para los trabajadores vinculados a esta actividad.

La realidad actual demuestra que muchos conflictos terminan en los tribunales sin que los jueces dispongan de herramientas jurídicas suficientemente claras para emitir decisiones definitivas sustentadas en derechos plenamente determinados. El resultado suele ser una prolongación innecesaria de los procesos y una creciente inseguridad jurídica.

Por ello, resulta indispensable examinar quiénes están asesorando actualmente al Gobierno en materia de juegos de azar. Las decisiones públicas deben surgir del conocimiento profundo de la realidad y no de diagnósticos superficiales. Un problema complejo exige soluciones complejas, responsables y técnicamente fundamentadas.

La salida más prudente parece encontrarse en la creación de mesas de diálogo y concertación donde participen autoridades, empresarios, trabajadores y especialistas del sector. Allí debería discutirse, con absoluta transparencia, cuáles puntos de venta mantienen deudas tributarias, cuáles incumplen disposiciones legales, cuáles operan legítimamente y cuáles deben ser objeto de revisión o eliminación.

La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿qué entendemos realmente por legalidad e ilegalidad dentro del sector de juegos de azar? La respuesta no puede construirse únicamente desde la óptica recaudadora del Estado ni exclusivamente desde los intereses empresariales. Debe surgir del equilibrio entre los derechos adquiridos, las obligaciones fiscales y el interés público.

De lo contrario, la nación podría asistir a una peligrosa colisión de derechos. Una fiscalización mal concebida o ejecutada podría abrir las puertas a una interminable cadena de litigios, recursos y conflictos judiciales.
El sector correría el riesgo de quedar atrapado durante años en un laberinto jurídico donde las respuestas se diluyan entre expedientes y sentencias contradictorias.

La justicia, al igual que un faro en medio de la tormenta, debe iluminar el camino de la razón. Y hoy más que nunca, el sector de juegos de azar necesita menos confrontación y más diálogo; menos incertidumbre y más seguridad jurídica; menos improvisación y más visión de Estado.