Puerto Plata.- La lucha contra el atentado al Sistema Eléctrico Nacional continúa dejando importantes resultados judiciales, luego de que un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Puerto Plata impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Rine Liranzo García, acusado de destruir cinco medidores eléctricos y agredir físicamente a un residente del municipio de Imbert. De acuerdo con el informe remitido por Edenorte Dominicana, el imputado enfrenta cargos por presunta violación al artículo 124 de la Ley General de Electricidad 125-01, que sanciona con penas de tres a diez años de prisión y multas de entre 50 y 200 salarios mínimos a quienes destruyan o dañen de forma intencional equipos e instalaciones del sistema eléctrico nacional con el propósito de afectar el servicio o sustraer sus componentes. Según la documentación presentada, el hecho ocurrió el pasado 6 de julio, alrededor de las 7:00 horas de la mañana, cuando Liranzo García presuntamente destruyó, utilizando un palo de madera, cinco medidores pertenecientes a vecinos del sector El Club, en Imbert. De manera concomitante, el imputado habría agredido físicamente a uno de los propietarios de los equipos, ocasionándole lesiones que requirieron certificación médico-legal. Cabe destacar que, parte importante de este proceso, fue posible por la pronta respuesta e intervención de la Dirección de Seguridad Física de Edenorte, para lograr la efectiva detención del imputado y ser puesto a la disposición de las autoridades judiciales y responder por los daños ocasionados al patrimonio público. En lo que respecta al proceso judicial, este contó con la representación legal de Edenorte Dominicana a cargo de la licenciada Luisa Rosa García Polanco y con la participación de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE),representada por el magistrado, licenciado Sandy Bencosme. En su decisión, el tribunal consideró que la destrucción de los equipos de medición, la agresión física a uno de los afectados y el perjuicio ocasionado tanto a Edenorte como al Estado dominicano constituyen hechos de gravedad. Asimismo, valoró el impacto que este tipo de acciones genera sobre el servicio eléctrico y los costos que implica la reposición de los equipos dañados, además de estimar que el imputado no presentaba arraigo suficiente para garantizar su comparecencia al proceso. Por estas razones, el juez determinó que la prisión preventiva por tres meses era la medida más idónea para garantizar el desarrollo de la investigación y la protección del proceso judicial. Edenorte reiteró que continuará impulsando acciones legales contra quienes atenten contra la infraestructura eléctrica, al considerar que estos actos no solo generan pérdidas económicas para el Estado y la empresa distribuidora, sino que también afectan directamente la calidad y continuidad del servicio que reciben miles de ciudadanos. Navegación de entradas Juristas debaten el rol del Tribunal Constitucional en la protección de la Constitución económica
