Por Ramón Bierd (Chayanne) La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas ni una concesión del poder político, es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República Dominicana y uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática. Cuando ese derecho comienza a restringirse mediante disposiciones penales que pueden intimidar, censurar o criminalizar el ejercicio del periodismo, la democracia misma entra en una zona de peligro. La entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo mes de agosto, ha despertado una profunda preocupación en amplios sectores del periodismo nacional, organizaciones de medios y defensores de las libertades públicas. Diversas voces han advertido que las disposiciones sobre difamación e injuria podrían convertirse en un mecanismo para inhibir investigaciones periodísticas, limitar la denuncia pública y castigar la crítica dirigida a funcionarios o personas con poder. Nadie discute el derecho de toda persona a proteger su honor y su reputación. Lo que preocupa es que el remedio pueda resultar peor que la enfermedad. Cuando el temor a una condena penal sustituye el compromiso con la verdad, el periodista deja de investigar; cuando el miedo reemplaza la responsabilidad, la sociedad pierde su principal herramienta de fiscalización. La historia ha demostrado que las leyes utilizadas para silenciar periodistas nunca terminan afectando únicamente a los comunicadores, también perjudican al ciudadano común, que deja de recibir información libre, independiente y oportuna sobre los actos del poder. Un periodista que teme ir a prisión por publicar una investigación incómoda difícilmente ejercerá con plena independencia. Un comunicador que enfrenta el riesgo permanente de procesos penales pensará dos veces antes de denunciar actos de corrupción, abuso de autoridad o irregularidades administrativas. Ese efecto de autocensura constituye una de las amenazas más serias contra la libertad de prensa. Decía el escritor británico George Orwell: «La libertad consiste en decirle a la gente lo que no quiere oír». Resulta preocupante que mientras numerosos países avanzan hacia la despenalización de los llamados delitos de prensa, en la República Dominicana resurjan figuras penales que muchos consideran un retroceso democrático. El propio presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, ha advertido que estas disposiciones representan una amenaza para la libertad de expresión y ha planteado la posibilidad de recurrirlas ante el Tribunal Constitucional cuando entren en vigor. Los periodistas no reclamamos privilegios ni inmunidad. Quien difama deliberadamente debe responder conforme al debido proceso y al respeto de los derechos de todos. Pero una legislación moderna debe encontrar el equilibrio entre proteger la dignidad de las personas y garantizar que el periodismo pueda cumplir su función social sin intimidaciones. La prensa libre no es enemiga del Estado, es aliada de la transparencia, del combate a la corrupción y de la rendición de cuentas. Allí donde callan los periodistas, suelen fortalecerse la impunidad y los abusos de poder. Hoy más que nunca corresponde a los gremios periodísticos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, la iglesia católica y ciudadanos, defender un principio que trasciende cualquier profesión: el derecho de todos a informar y a ser informados. Porque cuando se silencia una voz crítica, mañana podrían silenciarse todas. La libertad de expresión no admite mordazas. Defenderla hoy, es proteger la democracia de mañana. Navegación de entradas Presidente, no juegue con el país
