La tensión vuelve a sacudir el sistema judicial dominicano tras denuncias de supuestas presiones y amenazas contra jueces y empleados judiciales para impedir que participen en el paro convocado para este jueves 22. De acuerdo con informaciones que circulan junto a un comunicado interno, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y coordinadores departamentales que estarían ejerciendo intimidación sobre el personal judicial con el objetivo de frenar la protesta. La denuncia ha generado indignación en distintos sectores vinculados al ámbito jurídico y social, al considerar que cualquier intento de coartar el derecho a la libre expresión y manifestación constituye un grave atentado contra la institucionalidad democrática y la independencia del Poder Judicial. Jueces y empleados aseguran sentirse bajo un clima de presión, temor y vigilancia, en momentos en que reclaman mejores condiciones laborales, aumento salarial y respeto a sus derechos. El comunicado que presuntamente está siendo distribuido habría sido interpretado como una advertencia directa para desalentar la participación en la jornada de protesta, lo que ha provocado aún más malestar entre servidores judiciales que entienden que la administración debe garantizar libertades y no imponer mecanismos de intimidación. El documento, aunque utiliza un tono diplomático e institucional, deja entrever una clara advertencia dirigida a jueces y servidores judiciales para desalentar su participación en el paro convocado para este jueves 22. Bajo el argumento de “no vulnerar al usuario por falta de nuestros servicios”, la coordinación judicial insiste en que cualquier reclamo debe canalizarse “apegados al diálogo y la conciliación”, en un contexto donde precisamente existe una convocatoria de protesta por inconformidades internas. La comunicación, firmada digitalmente por el magistrado Danilo Antonio Tineo Santana, ha sido interpretada por muchos como un mecanismo de presión institucional para evitar que jueces y empleados ejerzan su derecho a manifestarse. Aunque el texto no contiene amenazas explícitas, el mensaje implícito es evidente: se busca frenar el movimiento apelando al deber institucional y a la responsabilidad frente al servicio público. Diversas voces han comenzado a cuestionar el manejo de la situación por parte de las autoridades judiciales, señalando que un Poder Judicial fuerte no se construye desde el miedo ni desde las amenazas, sino desde el respeto, el diálogo y la transparencia. También advierten que intentar silenciar a quienes reclaman reivindicaciones legítimas solo profundiza la crisis de confianza que desde hace tiempo afecta al sistema. El país observa con preocupación un escenario que pone en tela de juicio la independencia y la dignidad de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Cuando quienes administran el sistema recurren a la presión para callar a sus propios empleados, el mensaje que se envía a la sociedad es alarmante: que la justicia podría estar siendo gobernada más por el temor que por la ley. Navegación de entradas Ministerio de Medio Ambiente y SENPA realizan operativo en el Municipio Navarrete Regional 08 Minerd, con el respaldo de INEFI, reacondiciona instalaciones deportivas del centro educativo Huascar Rodríguez, en el municipio Baitoa
