Por Ing. Silvio Durán Durante el período de gobierno del presidente Danilo Medina, entre 2012 y 2020, la construcción de infraestructura pública adquirió una importancia significativa dentro de la inversión estatal. Uno de los mecanismos utilizados para ejecutar parte de esas inversiones fueron los sorteos de obras, particularmente en el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, que permitió distribuir contratos entre numerosos ingenieros, arquitectos y empresas constructoras. El modelo tuvo una doble dimensión: por un lado, buscaba ampliar rápidamente la infraestructura educativa necesaria para la Jornada Escolar Extendida; por otro, distribuía recursos de construcción entre profesionales y empresas en distintas provincias, generando actividad económica alrededor de cada proyecto. El Programa Nacional de Edificaciones Escolares fue creado mediante el Decreto 625-12. Su planteamiento inicial contemplaba construir, reconstruir y rehabilitar 28,000 aulas en cuatro años. El decreto establecía además que las obras fueran sorteadas en las provincias y que los procesos contaran con supervisión institucional y participación de representantes sociales. Los sorteos y la distribución de las obras Uno de los aspectos económicamente relevantes del mecanismo fue que permitió que numerosos profesionales participaran directamente en las contrataciones públicas. En febrero de 2013, la Dirección General de Contrataciones Públicas informó que, en apenas cinco meses, se habían sorteado 920 obras escolares entre 13,136 ingenieros civiles, arquitectos y empresas participantes. Esas obras estaban asociadas a unas 10,000 aulas y a un presupuesto estimado de RD$29,000 millones. En el primer proceso correspondiente a las primeras 372 escuelas, el Gobierno entregó RD$2,800 millones como avance, equivalente al 20 % del costo de esas obras. El objetivo declarado era que los profesionales adjudicatarios dispusieran de capital para comenzar inmediatamente las construcciones. Ese mecanismo tenía un efecto económico que iba más allá del contratista principal. Cuando se iniciaba una escuela en una provincia o municipio, el proyecto requería maestros constructores, albañiles, carpinteros, electricistas, plomeros, pintores, operadores de equipos, transportistas y otros trabajadores. Al mismo tiempo, aumentaba la demanda de cemento, acero, agregados, bloques, madera, pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias, puertas, ventanas y otros materiales. Por esa razón, la construcción pública puede funcionar como una cadena de transmisión de recursos hacia diferentes actividades económicas. El dinero invertido en una obra no permanece exclusivamente en manos del contratista: circula mediante salarios, compras de materiales, transporte, alquiler de equipos y contratación de servicios. Más de RD$52,000 millones en los primeros tres sorteos La magnitud del programa puede observarse en los registros oficiales de Contrataciones Públicas. Según su resumen correspondiente a 2013, los tres primeros sorteos de aulas representaron inversiones superiores a RD$52,786 millones y beneficiaron con adjudicaciones a 1,321 ingenieros, arquitectos o empresas constructoras. El mismo informe señalaba que las economías locales se dinamizaban no solamente mediante la construcción de aulas, sino también por las adquisiciones relacionadas con mobiliario, pupitres, alimentación escolar, zapatos y uniformes, entre otros bienes. Esto muestra una característica importante del modelo: la política educativa tenía ramificaciones económicas. La construcción de una escuela generaba demanda para el sector construcción, pero la puesta en funcionamiento del plantel también requería mobiliario, alimentación, mantenimiento y diversos suministros. Parte de esas adquisiciones podía convertirse en actividad económica para pequeñas y medianas empresas de las comunidades. Las escuelas como eje de la inversión La infraestructura escolar fue especialmente relevante porque el aumento de aulas era necesario para ampliar la Jornada Escolar Extendida. En 2016, el Ministerio de Educación informó que los cuatro sorteos realizados hasta entonces comprendían 1,905 obras escolares —1,805 escuelas y 100 estancias infantiles— con inversiones superiores a RD$83,349.5 millones. Para ese momento se habían sorteado 18,546 aulas y más de 13,000 estaban en funcionamiento. Al concluir el período gubernamental, el MINERD informó que entre 2012 y agosto de 2020 se habían construido o habilitado 23,528 espacios escolares. Más de 18,000 correspondían a aulas nuevas. La institución señaló que el sistema había pasado de alrededor de 34,000 aulas en 2012 a más de 52,000 en 2020. Otro informe oficial precisa que entre 2013 y 2016 fueron contratadas 22,109 aulas correspondientes a 1,632 planteles mediante los sorteos 1 al 4 del Programa Nacional de Edificaciones Escolares. Estas cifras permiten comprender la escala territorial que alcanzó el programa. Construcción, empleo y economía local Desde el punto de vista económico, una de las características más importantes de una política de construcción distribuida territorialmente es su capacidad para movilizar simultáneamente múltiples economías locales. Una escuela construida en Santiago, Azua, Barahona, San Juan, Puerto Plata o cualquier otra provincia moviliza recursos en el lugar donde se ejecuta. Parte de los trabajadores pueden proceder de la propia comunidad y muchos materiales y servicios pueden adquirirse en comercios cercanos. El impacto tampoco termina cuando concluye la construcción. Una nueva escuela requiere personal docente, administrativo y de mantenimiento, además de servicios de alimentación y suministros. Por tanto, una obra pública correctamente planificada puede analizarse no solamente por el costo de su estructura física, sino por la actividad económica y social que genera durante su construcción y posteriormente durante su operación. Democratización de las oportunidades de contratación Los sorteos también buscaban ampliar el número de profesionales con posibilidades de acceder a obras estatales. Para muchos ingenieros y arquitectos, especialmente profesionales independientes y pequeñas empresas, obtener una obra pública podía representar una oportunidad para adquirir experiencia, generar empleos, desarrollar capacidad administrativa y fortalecer su empresa. Ese elemento resulta importante para cualquier política de desarrollo del sector construcción. Cuando la inversión pública se distribuye entre numerosos contratistas y regiones, existe mayor posibilidad de que el gasto público circule entre diferentes agentes económicos. Sin embargo, el mecanismo no estuvo exento de dificultades. El propio Plan Estratégico del Ministerio de Educación 2021-2024 reconoció que el avance de las aulas contratadas fue más lento de lo esperado y señaló problemas relacionados con la disponibilidad de terrenos y retrasos en los pagos a contratistas. Esta experiencia deja una enseñanza importante: los mecanismos de distribución de obras necesitan estar acompañados de planificación, supervisión técnica, disponibilidad presupuestaria, pagos oportunos y controles rigurosos que garanticen calidad y terminación. Una experiencia que merece ser estudiada El Programa Nacional de Edificaciones Escolares demuestra cómo la inversión pública puede perseguir simultáneamente objetivos sociales y económicos. La construcción de escuelas respondió a una necesidad educativa, pero al mismo tiempo movilizó miles de millones de pesos hacia el sector construcción, generó contratos para numerosos profesionales y empresas y creó demanda de trabajadores, materiales y servicios en diferentes puntos del territorio nacional. Su experiencia también muestra que la magnitud de la contratación debe ir acompañada de una capacidad equivalente de ejecución, supervisión y seguimiento. Más que analizar únicamente cuántas escuelas fueron construidas, resulta conveniente estudiar toda la cadena económica producida por aquellas inversiones: cuántos profesionales participaron, cuántos empleos se generaron, cuánto se compró a empresas locales y qué parte de los recursos permaneció circulando en las provincias y municipios. La construcción pública puede ser una poderosa herramienta de política económica cuando las obras responden a necesidades reales, se distribuyen mediante procedimientos transparentes, cuentan con financiamiento sostenible y producen beneficios sociales duraderos. La experiencia dominicana de las edificaciones escolares durante el período 2012-2020 constituye, en ese sentido, un caso relevante para estudiar la relación entre inversión pública, infraestructura educativa, contratación de profesionales, generación de empleo y dinamización de las economías locales. Navegación de entradas Hasta siempre, mi querido Cla, mi querido Don Cla
