Mediante la sentencia núm. 271-2026-SSEN-00016, del 13 de noviembre de 2026, un tribunal de Puerto Plata acogió parcialmente una acción de amparo interpuesta por Ritmo Cabarete Digital y Juan Pablo Martínez, al determinar que se vulneró el derecho de acceso a la información pública.

La decisión judicial ordena a la Junta Distrital de Cabarete entregar 25 renglones de información, entre ellos contratos de asfaltado, construcción de aceras y contenes, comprobantes de pagos, cheques, conciliaciones bancarias, nómina del año 2020 y presupuesto de 2026.

La sentencia establece una penalidad de RD$2,000 por cada día de incumplimiento, una vez transcurridos 10 días hábiles desde la notificación, conforme a lo dispuesto por el tribunal.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio público la gestión de los recursos municipales y abre interrogantes sobre cuánto se ha invertido en las obras de Cabarete, quiénes recibieron los pagos y dónde están los documentos que respaldan esos gastos.

La pregunta que queda sobre la mesa: ¿Por qué fue necesario acudir a los tribunales para conseguir información sobre el manejo de los recursos públicos?

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Por Ramon Bierd

Ramón Bierd, periodista, locutor, productor de tv

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