Por Ramón Bierd (Chayanne) Cada día miles de ciudadanos salen a las calles cumpliendo correctamente con las leyes de tránsito: utilizan el cinturón de seguridad, respetan los semáforos, no usan el teléfono celular mientras conducen, no manejan con exceso de velocidad y mantienen toda su documentación al día. Sin embargo, aun actuando de manera responsable, muchos son detenidos por agentes de tránsito sin haber cometido ninguna falta. La pregunta es sencilla y válida: ¿por qué un conductor o conductora debe ser detenido si no ha violado ninguna ley? En días pasados, mi hija y su esposo se dirigían al aeropuerto para abordar un vuelo previamente programado. Su esposo conducía respetando todas las normas de tránsito y sin cometer ninguna infracción. No obstante, fueron detenidos por un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), sin que hasta el momento se les explicara la razón de dicha detención. Lo más indignante del caso fue el prolongado tiempo que permanecieron retenidos, provocando finalmente que perdieran su vuelo y tuvieran que incurrir en gastos adicionales, todo por el aparente capricho de un agente que, haciendo uso de su autoridad, decidió detenerlos sin justificación alguna. La ciudadanía no se opone a que las autoridades fiscalicen y hagan cumplir las leyes de tránsito. Lo que resulta inaceptable es que conductores que actúan correctamente sean víctimas de abusos, arbitrariedades y acciones que afectan su tiempo, su economía y su tranquilidad. Todo agente de tránsito tiene el deber de actuar dentro del marco de la ley y ofrecer explicaciones claras cuando detiene a un ciudadano. La autoridad no puede ejercerse de manera antojadiza ni basada únicamente en el poder que otorga un uniforme. Cuando una persona es detenida sin motivo aparente, se genera molestia, pérdida de tiempo y, en muchos casos, la sensación de abuso de autoridad. Peor aún, esto provoca desconfianza en las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad en las vías públicas. Casos como este generan impotencia en una población que cada día hace esfuerzos por cumplir las normas. Si un conductor no ha cometido ninguna falta, ¿por qué debe ser detenido? ¿Quién responde por las pérdidas económicas y los daños ocasionados? El respeto a la ley debe ser mutuo. Así como el ciudadano tiene el deber de respetar las normas de tránsito, las autoridades también están obligadas a actuar con transparencia, prudencia y respeto a los derechos y la dignidad de cada persona. Mientras continúen ocurriendo este tipo de atropellos, la ciudadanía seguirá perdiendo la confianza en autoridades que parecen olvidar que están para servir y proteger, no para intimidar ni abusar del poder que les otorga un uniforme. Ningún agente puede creerse dueño del tiempo, la dignidad y los derechos de los ciudadanos. Detener a una persona sin razón, hacerle perder un vuelo y ocasionarle daños económicos por simple arrogancia o capricho, no es autoridad: es abuso. Y los abusos, vengan de quien vengan, no pueden seguir siendo vistos como algo normal en una sociedad que exige respeto, justicia y responsabilidad. Navegación de entradas Entregan otro dominicano acusado de tráfico de fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos Presidente de ADEPUR pide concluir tramo carretero en Punta Rucia para evitar taponamientos
