La querella surge tras una sentencia civil que condena al también abogado Marco Antonio de Jesús Rosa al pago de RD$12.9 millones, más intereses, a favor de la empresa inmobiliaria.

Santiago de los caballeros.– La empresa Constructora Vistasol CVS, S.R.L. interpuso una querella con constitución en actor civil contra el abogado Marco Antonio de Jesús Rosa, conocido públicamente como Marco Álvarez, y otras personas, a quienes atribuye su participación en una presunta campaña de difamación, injuria y presión contra la compañía a través de medios de comunicación y plataformas digitales.

La acción judicial, depositada el 22 de septiembre de 2026 ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, tiene como trasfondo una controversia comercial que terminó en los tribunales civiles, donde Marco Antonio de Jesús Rosa fue condenado al pago de RD$12,915,652.08, más un interés mensual de 1.158 %, a favor de la constructora.

La condena fue establecida mediante la Sentencia núm. 1498-2025-SSEN-00180, dictada el 29 de julio de 2025 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago. Posteriormente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por Rosa, mediante la Sentencia núm. SCJ-PS-26-1484, del 31 de julio de 2026.

Un conflicto comercial que terminó en los tribunales

De acuerdo con los documentos aportados por la parte querellante, el conflicto se originó en una relación contractual suscrita el 22 de octubre de 2020, mediante la cual Marco Antonio de Jesús Rosa se desempeñaría como promotor de ventas de los proyectos inmobiliarios de Constructora Vistasol, a cambio de comisiones.

La relación comercial concluyó formalmente el 19 de enero de 2023. Posteriormente, la empresa inició un proceso judicial de cobro de valores que culminó con la condena económica antes señalada.

La constructora denuncia una presunta campaña de descrédito

La empresa sostiene que, luego de las decisiones judiciales, comenzaron a difundirse acusaciones en su contra mediante espacios de comunicación, redes sociales y otras plataformas digitales.

Según la querella, estas actuaciones habrían sido coordinadas por Marco Álvarez y el doctor Juan A. Henríquez, con la participación de otras personas y estructuras de comunicación, supuestamente con el propósito de ejercer presión sobre la constructora para impedir o dificultar la ejecución de la sentencia que ordena el pago de más de RD$12.9 millones.

La compañía considera que estos hechos podrían configurar las infracciones de difamación extorsiva e injuria, por lo que decidió acudir a la justicia en busca de protección para su reputación comercial y sus derechos.

Amplían la querella contra otras personas y entidades

El proceso fue ampliado el 30 de octubre de 2026, mediante el depósito de una adenda en la que Constructora Vistasol incluyó como imputados a María Cristina Vásquez Martínez, Betania Vásquez, la Oficina de Abogados Álvarez & Henríquez (AH) y Canal 40, Fuego TV.

De esta manera, la acción judicial abarca tanto a personas físicas como a las entidades señaladas por la empresa en su denuncia.

Próxima audiencia será el 18 de noviembre

La primera comparecencia ante el Departamento de Querellas de la Fiscalía de Santiago tuvo lugar el pasado 5 de noviembre. Según la parte querellante, las personas señaladas no acudieron a la convocatoria, pese a haber sido citadas.

La próxima vista fue fijada para el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 10:00 de la mañana, fecha en la que se espera que continúe el conocimiento de la denuncia.

Un caso que trasciende la disputa económica

Este expediente coloca nuevamente en el escenario judicial una controversia entre antiguos socios de una relación comercial, en la que ahora se enfrentan cuestionamientos sobre el ejercicio de la libertad de expresión, la reputación empresarial y las presuntas presiones relacionadas con el cumplimiento de una decisión judicial.

Mientras Constructora Vistasol sostiene que ha sido víctima de una campaña de descrédito con fines de presión, corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar si las actuaciones denunciadas constituyen infracciones penales y establecer las responsabilidades que legalmente correspondan.

Por Ramon Bierd

Ramón Bierd, periodista, locutor, productor de tv

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *